IA y Datos en la administración pública

Aleida Alcaide, directora general de Inteligencia Artificial (DGIA) del Gobierno de España.

Aleida Alcaide es la directora general de Inteligencia Artificial (DGIA) del Gobierno de España. La Dirección General de Inteligencia Artificial, integrada en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, es el órgano responsable de impulsar y desarrollar las políticas en materia de inteligencia artificial y tecnologías cuánticas en España.

Estrategia Dirección General de Inteligencia Artificial

¿Qué prioridades estratégicas clave tiene la Dirección General de Inteligencia Artificial?

La estrategia fue actualizada en 2024 y permitió movilizar un presupuesto de 1.500 millones de euros adicionales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este nuevo enfoque, alineado con la estrategia “Apply AI” de la Unión Europea, busca consolidar capacidades propias mediante modelos abiertos como ALIA, infraestructuras de supercomputación y ecosistemas nacionales, reforzando la soberanía tecnológica y reduciendo la dependencia de grandes proveedores internacionales.

Uno de los desafíos más relevantes que nos compete afrontar es actuar como principal autoridad notificante de la aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial aprobado por la Unión Europea.

Una primera prioridad estratégica es garantizar una gobernanza sólida y el cumplimiento regulatorio, especialmente en el marco del Reglamento Europeo de IA. La creación de nuevas figuras como el Delegado de IA, junto con guías específicas y mecanismos de supervisión, busca generar seguridad jurídica y confianza para pasar de pruebas piloto a sistemas en producción. Sin estos marcos de control, las administraciones tienden a frenar el despliegue por temor a incumplimientos o riesgos asociados.

En segundo lugar, destacan la disponibilidad de datos de calidad y la capacitación del talento público como factores críticos. La adopción efectiva depende tanto de contar con datasets adecuados como de formar a los empleados en el uso y supervisión de la IA, incluyendo pensamiento crítico y rediseño de procesos.

A ello se suma una tercera prioridad transversal: mantener un enfoque centrado en el ciudadano, que respete los derechos fundamentales, y garantice la supervisión humana, accesibilidad y servicios comprensibles, evitando sesgos y despersonalización en la relación con la ciudadanía

La estrategia de IA en España ha evolucionado de un enfoque inicial centrado en I+D, talento y digitalización hacia un modelo más ambicioso que incorpora la IA generativa como eje prioritario, para impulsar la adopción en pymes, start-ups, y en las administraciones públicas.

¿Cómo está equilibrando España la ambición innovadora en IA con su papel de liderazgo regulatorio, especialmente en el contexto de la Ley de IA de la UE?

La regulación es necesaria, pero hay que poner el foco en facilitar su aplicación a través de estándares, o las facilidades para saber qué pasos hay que ir dando y qué tramitaciones es necesario afrontar en este momento.
Estamos abordando el tema promoviendo un equilibrio, planteando que regulación e innovación son complementarios y no opuestos. Nuestro objetivo es crear las condiciones para tener un modelo regulatorio que sea sostenible, confiable y escalable, esto nos está permitiendo posicionarnos como uno de los países que mejor está integrando ambas dimensiones en el contexto del AI Act.

Tenemos un rol activo en la construcción del propio marco europeo, el cuál no se limita a aplicar el Reglamento de IA, sino que influimos en el contenido y la orientación, como demuestran las negociaciones en el paquete “Digital Omnibus” con la incorporación de nuevas prácticas prohibidas, como los deepfakes de contenildo íntimo o los que visibilizan pornografía infantile, reforzando en todo momento la protección de derechos fundamentals, especialmente para niños y mujeres.

Tenemos un rol activo en la construcción del propio marco europeo, el cuál no se limita a aplicar el Reglamento de IA, sino que influimos en el contenido y la orientación.

IA agéntica y generativa

¿Cómo abordáis aspectos como la regulación, la ética, la explicabilidad o los sesgos en IA?

En la Administración Pública, la regulación, como el IA Act, constituye el principal marco de referencia para el uso de la inteligencia artificial en Europa. Frente a conceptos más subjetivos como la ética o el sentido común, la normativa proporciona el equilibrio necesario entre innovación, derechos y garantías.

No obstante, existen múltiples dimensiones que deben ser consideradas de forma complementaria, como la explicabilidad de los sistemas, la trazabilidad de las decisiones o los posibles sesgos derivados de los datos o las implicaciones para el futuro del trabajo. Estos elementos requieren una vigilancia constante, especialmente en entornos, como las administraciones públicas, donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales. La IA debe ser explicable, trazable y libre de sesgos.

Asimismo, se debe tener en cuenta el impacto social de la automatización, particularmente en el ámbito laboral. Aunque la automatización es una tendencia estructural e inevitable, es necesario anticipar sus efectos y desarrollar medidas de acompañamiento, como la formación o la adaptación de perfiles profesionales. La automatización es inevitable, pero sus efectos deben gestionarse de forma responsable.

La adopción de la IA no es solo un reto tecnológico, sino fundamentalmente un desafío de capacitación y cambio cultural.

En este contexto, el enfoque que hemos adoptado combina cumplimiento normativo, análisis de riesgos y responsabilidad institucional, con el objetivo de garantizar un uso seguro y responsable de la inteligencia artificial.

Puedes leer la entrevista completa a Aleida Alcalde incluida en el informe Datos e IA en la administración pública 2026 aquí.