Organismos e instituciones ante el “fenómeno fintech”

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La efervescencia en el entorno fintech está incrementando de forma exponencial el nivel de competencia en el sector de los servicios financieros, tanto entre las propias fintech como entre estas y las entidades tradicionales.

El incremento del número de entidades fintech e insurtech apremia la necesidad de establecer marcos regulatorios nacionales, europeos e internacionales donde todos puedan operar de forma armónica y jueguen en igualdad de condiciones, preservando la integridad, transparencia y confianza del sistema financiero y garantizando los derechos de los consumidores (y de los inversores, si nos referimos a los mercados de valores en particular).

Las numerosas actuaciones en marcha desde organismos reguladores y otras instituciones ponen de manifiesto la urgencia de esta «asignatura», que es esencial para impulsar un sano desarrollo de este mercado, ya más que incipiente. El aumento del uso de criptomonedas y las inquietudes que despierta, así como el desarrollo de la blockchain en el último año han acuciado esta necesidad.

Portada WFTR18
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Así, desde la OCDE, hasta autoridades de competencia como las de Canadá, México y EE. UU., pasando por la Autoridad Bancaria Europea, son muchos los organismos que han emprendido el camino para delimitar el marco regulatorio y para establecer sólidas estructuras que incentiven la innovación, la puesta en práctica de experiencias y la colaboración abierta. No faltan tampoco iniciativas para abordar las ciberamenazas del sector fintech, como el consorcio creado por el Foro Económico Mundial este mes de marzo.

La Comisión Europea tiene en marcha un proyecto de ley para incentivar el desarrollo fintech y la tecnología blockchain en la región. El objetivo es también modernizar el sector y propiciar el crecimiento de actores europeos capaces de competir con otros más maduros de EE. UU. o Asia.

Uno de los aspectos más complicados en los que trabajar es el referido al perímetro regulatorio, es decir, definir el rango de supervisión al que tienen que someterse las fintech. Las posturas no son, en realidad, totalmente opuestas, pero sucede que es muy difícil marcar líneas divisorias porque las funciones de fintech y banca se solapan en unos casos y son diferentes en otros. La discusión está en si las primeras, que compiten con productos y servicios iguales a los de la banca y por los mismos clientes, deberían estar reguladas de la misma manera que los bancos. El hándicap es que una sobrerregulación pondría en riesgo la innovación.

Lo que sí es unánime entre instituciones es la perspectiva de que, si se quiere garantizar el desarrollo en la buena dirección, será crítico que los cercos normativos y estándares sean acordes con las experiencias reales de las empresas. Esto, que parece obvio, es un punto de partida realmente determinante si se quieren evitar las disonancias que a menudo se dan entre la regulación y el ritmo de innovación y las necesidades de las compañías.

Con este fin, muchos países han puesto en marcha sandbox regulatorios, espacios de prueba cerrados donde las fintech pueden operar sin las limitaciones de las normas bancarias. Esto les da libertad para lanzar productos y servicios con agilidad, a la vez que son supervisados para garantizar la protección de los consumidores.

Reino Unido fue uno de los pioneros en poner en marcha un sandbox de este tipo, en 2016 a través de su regulador de mercados, la Financial Conduct Authority (FCA). Ya existen unos 20 en todo el mundo, como en Australia, Singapur, Hong Kong, Dubai o Canadá. Otros en Europa son los de Dinamarca, Irlanda u Holanda.

En España las actuaciones están siendo lentas, lo que coloca al país en una posición de desventaja. No obstante, el Ministerio de Economía —a través del Tesoro Público— y la CNMV confirmaron recientemente estar trabajando juntos para poner en marcha este espacio desregulado. La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), que ya solicitó dar prioridad a esta medida en el Libro Blanco de la Regulación Fintech de 2017, presentó el pasado 8 de marzo un decálogo para implantar un sandbox en España. Un arduo trabajo que expone con claridad el beneficio que este espacio controlado también tendría para que las empresas emergentes puedan obtener licencias ordinarias, lanzar su actividad y, en definitiva, crecer.

Por otra parte, la CNMC está analizando los cambios que las fintech están provocando tanto en el sector financiero como en el conjunto de la economía, desde el punto de vista de la competencia. Su objetivo es ofrecer después un abanico de recomendaciones para que la regulación de las fintech logre la mayor eficiencia y la mejor protección al ciudadano.

Es sin duda gratificante ver esta oleada de iniciativas. Lo importante ahora es que vayan convergiendo en líneas comunes de enfoque y acción con la vista puesta en la globalidad y el funcionamiento transfronterizo.

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